Cae mierda sobre el Rey

En serio..., ¿todavía hay a quien no le convence la república?

Losada, cesado

Que hayan cesado al jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, José García Losada, no puede sorprender a nadie. La suya ha sido la crónica de una muerte anunciada. Ya a principios de este verano, se rumoreaba con insistencia su cese, tras haber puesto a Ana Mato contra las cuerdas y frente a Correa —como juego de palabras, deja que desear, pero no he sabido ahorrármelo—.

Al frente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), García Losada era el responsable máximo de las investigaciones relacionadas con la presunta financiación irregular de los partidos políticos. Esto es, investigó los casos Palau, Gürtel, Bárcenas...

El ministro de Interior, cuya preclara mente le llevó a asegurar durante la última campaña electoral que, en cuanto el PP llegase al poder, los mercados se tranquilizarían y la crisis poco menos que se desvanecería, el ínclito Jorge Fernández Díaz, es quien parece empecinado en ostentar el récord de renovaciones en un ministerio. Desde su llegada a Interior, tres son ya los responsables que ha colocado al frente de la investigación anticorrupción. Pudiera parecer que el ministro está muy preocupado por el tema. Y, seguramente, es así; pero en sentido inverso al que cabría esperar, puesto que, con tanto relevo y falta de continuidad en la dirección policial, la preocupación que se muestra es la de restar eficacia y, sobre todo, la de coartar la voluntad de investigación. Diez días fue lo que tardó Fernández Díaz en fulminar a Juan Antonio González, jefe de la policía judicial a la llegada del ministro. Cinco meses fueron los que duró en este nuevo cargo su sustituto, Enrique Rodríguez Ulla, quien —¡oh, equivocación entre equivocaciones!— ordenó la investigación sobre el ático de lujo en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid. Por cierto, cinco meses deben de constituir también un lamentable récord, parejo y en consonancia con el de haber tenido cuatro comisarios principales para la lucha contra la corrupción en una sola legislatura aún por acabar.

En fin, que la política en este pepepaís nuestro va siempre mucho más allá (incluso de lo razonable). Con la fulminante destitución de José García Losada, el Gobierno consigue, efectivamente, ir más allá y pasar de la política anticorrupción a la política antianticorrupción. Apenas un prefijo más allá.

Congreso de los disputados

ANTES.

Disputas, en el patio del cole:

—¡Imbécil!

—¡Y tú, más!

Y, así, hasta que el timbre del cole marcaba el retorno a las aulas.

DESPUÉS.

Diputados, en el Congreso:

—¡Corrupto!

—¡Y tú, más!

Y, así, hasta... En fin, hasta hoy. Pero mañana habrá más. Malaya a Malaya, Saqueo a Saqueo, Palau a Palau, Bárcenas a Bárcenas, Noos a Noos... ERE que ERE.

Política y diarrea

«Síntoma o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes». Esta es la definición que, de la voz "diarrea", proporciona el DRAE. Pero, ¿saben qué otra palabra significa exactamente lo mismo? La respuesta correcta es "corrupción". Vale que sea un uso anticuado de la palabra, pero ¡no me digan que no resulta harto elocuente, en estos tiempos políticos que corren!

Siempre había sospechado que la mayor parte de los políticos y altos cargos de este país eran una mierda. Ahora lo sé, aunque sea merced a un poco de tergiversación lingüística.

Estado de indignación

Quizá sí que España sea un Estado de derecho¹ pero, ciertamente, andamos muy torcidos. Tanto que el Supremo —que, en política, no es un Ser sino un Tribunal— parece estar tirando de una suerte de estado de necesidad² en contra del estado de opinión³. De esta forma llegamos a la exculpación de Blanco, a la excarcelación prematura de Matas y a lo que te andaré morena, de aquí a nada con Urdangarín. Por suerte, el estado de excepción⁴ no está en manos de los indignados, es decir, del pueblo. Yo ya lo hubiese declarado.

Notas:

• 1. Estado de derecho es un concepto político que define a aquel Estado democrático en el cual los poderes públicos se someten íntegramente a las leyes y reconocen las garantías constitucionales.
• 2. Estado de necesidad es un tecnicismo del derecho que da cuenta de aquella situación de grave peligro, por cuyo urgente remedio se exime de responsabilidad penal en ciertas circunstancias.
• 3. Estado de opinión es el que alude a la opinión general o generalizada.
• 4. Estado de excepción es el que, según la Constitución, generalmente con autorización del Parlamento, declara el Gobierno en el supuesto de perturbación grave del orden público o del funcionamiento de las instituciones democráticas.

La importancia de "de"

A los pobres honrados, el capitalismo les tiene destinados contratos basura.

A los políticos corruptos, contratos de basura. De recogida de basura, claro

Formulación de inoperancia

La frecuencia con que se repite un mismo hecho es inversamente proporcional a la capacidad de sorprendernos que posee el hecho en sí.

De ahí, quizá, que no nos levantemos para combatir la corrupción en este país.

Hacienda no somos todos

El fraude fiscal en España se cifra alrededor de los 70 millardos de euros—escribámoslo con todos sus ceros para mayor dilatación de las pupilas lectoras: 70.000.000.000 €—. Ello significa que, con lo que en este país se deja de pagar al erario, tendríamos cubierto el presupuesto total para la sanidad pública.

Sin necesidad de disponer de esta u otras cifras exactas, viene siendo habitual en las informales charlas con algún amigo o conocido que se entone una suerte de mea culpa en la opinión de que, entre todos, nos estamos cargando el sistema, ya que quien más y quien menos ha cobrado o pagado alguna facturita en negro, quien más y quien menos se ha beneficiado del material disponible en su puesto de trabajo, etc. No voy a negar la parte de razón que hay en criticar estas actitudes; pero, si los cimientos se tambalean, no es porque mi vecino no le haya exigido factura al pintor que acaba de blanquear las paredes de su comedor, ni porque haya sanitarios que, desde que lo son, no hayan comprado una sola gasa en la farmacia; si los cimientos se tambalean, es porque las grandes fortunas y las grandes empresas tienden, de manera alarmante, a incumplir con sus obligaciones fiscales. Más del 70% de esos 70 millardos de euros defraudados se deben a ellas. Mi vecino y el pintor —¡no digamos ya el sanitario!— no son el auténtico problema. Los autónomos y las pymes, que representan el 97% del tejido empresarial de nuestro país, solo son responsables de un 17% y un 8%, respectivamente, del fraude fiscal. No es que el porcentaje sea despreciable, pues supone un total de 17.000 millones de euros; pero, comparativamente, la cifra es menor.

Conociendo estos números, a uno aún le duelen más lo recortes en prestaciones y en salarios.

Y, a todo ello, vienen a sumarse los escándalos de corrupción con nombre propio, los cuales crecen exponencialmente en relación directa con la crisis económica y van camino de convertirse, si no lo han hecho ya, en una constante lamentable. De tal modo es así, que el conocido eslogan de que «Hacienda somos todos» ya no hay quien se lo crea. Evasiones de dinero, desvíos de capitales, fraudes financieros, paraísos fiscales..., y lo peor de todo: la amnistía fiscal. El campo semántico de la corrupción es profuso, tan copioso como su lista onomástica: Bárcenas, Urdangarín, Millet y Montull... La trama Gürtel, el caso Nóos, el cas Palau, el de los ERE andaluces... Los puntos suspensivos responden al temor de nutrir con facilidad estas enumeraciones; no vaya a ser que se cumpla aquello de Multorum peccatum inultum 'el delito de muchos queda impune'.

Algo que no dejará nunca de sorprenderme en este circo de corruptelas es el proceso de victimización al que suele someterse, inicialmente al menos, el corrupto. En los casos en que este pertenece a un partido político o algún otro organismo social con carga ideológica, la acusación de corrupción es siempre infundada y responde a una campaña de desprestigio por parte de los otros. Si la evidencia de los hechos empieza a ser innegable, entonces la solución adoptada es dejar de hablar del asunto e iniciar el y tú más o el y tú qué. Llega a ser desesperante la facilidad con que todos ven la paja en la corrupción ajena; pero no, la viga en la propia.

La victimización suele ser más constante en el caso de los famosos que defraudan a Hacienda. Y van ya unos cuantos: Lola Flores —y, posteriormente, su hija Lolita—, Ana Torroja, M.ª José Campanario, Isabel Pantoja, Lionel Messi, Sergi Arola... El caso del Sr. Arola resulta, en este sentido, paradigmático, pues por muy cocinero estrellado que sea, es un insulto a la honradez que llegue a sentirse agraviado porque el fisco le reclama lo que a todos. El tipo, al ver precintada su bodeguita, vino a decir irónicamente que así se le pagaba el tiempo que ha estado representando y dando prestigio a España. En su ironía, resulta cínico que quien no paga hable de que se le pague, así o de cualquier manera. No sé si a estas alturas del asunto el cocinerito habrá vendido ya su moto o no, pero a eso se resume su apuro: a quedarse sin la Harley para pagar a Hacienda. ¡Venga ya, no me jodas!

Todos son víctimas, todos son mártires... Si los oyes hablar, los inscribes rápidamente en un nuevo martirologio. Claro que, con ellos, estaríamos cambiando cuerpos incorruptos por mentes corruptas.

Lo de Messi es de peor entendimiento aún. Resulta frustrante intentar adivinar cuál puede ser la razón que tiene para defraudar dinero quien, además de nadar en la abundancia, resulta ser el espejo en que se miran y al que admiran tantos niños. Por otro lado, la táctica de victimización utilizada por el futbolista ha sido distinta: seguramente ignorante del aforismo jurídico Ignorantia juris non excusat  'la ignorancia no exime de culpa', el Sr. Messi ha tirado del viejo truco del Yo no lo sabía. Sus palabras exactas —para que no tenga que ponerlas yo— han sido «De eso no sé nada, hay asesores y abogados que manejan estas cosas y confiamos en ellos». Desde luego, quien aplaude sus diabluras en el terreno de juego —yo, el primero— no espera que el genio del balón lo sea, además, de la contabilidad fiscal. Hasta aquí, bien; no obstante, si el fraude que se le imputa se cifra en 4,1 millones de euros, pero resulta que el futbolista ha pagado ya 10 millones en dos declaraciones complementarias y, además, negocia con Hacienda el pago de 15 millones más como acuerdo para evitar el juicio por fraude, a mí me huele más a podrido que en las dinamarcas shakespearianas. Si tenemos en cuenta la impericia gestora de Messi, hemos de pensar que el ahorro fraudulento de los 4,1 millones de euros en impuestos lo idean los asesores financieros. Ahora bien, si ello es así, ¿cómo ha de entenderse que el futbolista siga confiando en ellos aún? Yo los hubiera despedido ipso facto. Por otro lado, cabe preguntarse, asimismo, sobre si Messi realmente estaba en la inopia o era parte confabulada en la orquestación del fraude, porque no entiendo qué beneficio pueden obtener unos asesores que ahorran a su cliente un dinero que el cliente ignora que haya sido ahorrado; y ello, sin considerar el altísimo riesgo que se corre al cometer un delito.

¿O es el padre?

Res publĭca

La madrugada del martes 14 de abril de 1931, a las 6.30 h, el ayuntamiento de Éibar alzó la bandera tricolor.

Ochenta y dos años han ido sucediéndose lentamente, uno tras otro, desde entonces. Algunos demasiado lentamente: tres fueron de cruenta guerra y cuarenta, de dictadura represiva y privación de libertades. Los más recientes dejan caer sus días sobre nosotros como torturadoras gotas chinas —malayas, dirían muchos, erróneamente— de crisis económica y corrupción política —¿o es lo mismo?—. En fin, lo que nunca dejará de sorprenderme es que ochenta y dos años después, siga habiendo un Borbón con corona ceñida a su regio cráneo. Ello ha hecho bueno el cínico apotegma lampedusiano de "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".

Uno de los principales motivos por los que advino la II República Española fue la deslegitimación de la monarquía borbónica, al haber permitido Alfonso XIII los siete años de la dictadura de Primo de Rivera. La coronación de Juan Carlos I cierra el círculo al haber sido permitido él por el dictador Francisco Franco. Hay quien objetará que este rey salió de las urnas; pero, en 1978, España transitó de la dictadura a la democracia con un 88,54 % de papeletas como la siguiente:

¿Realmente estaban eligiendo los ciudadanos una monarquía frente a una república? No. Su voto apostaba más bien por una anhelada democracia frente a una dictadura odiada. Sucede que, al hacerlo, en el paquete venía incluido el art.º 1.3: "La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria".

Por otro lado, yo no estaba allí —al menos, no con la edad suficiente para votar—, por lo que yo no elegí rey. Quisiera, pues, poder renunciar a él. Y ahí es donde radica el problema: a un monarca no se le refrenda cada equis tiempo; hay que aguantarlo hasta que le dé la real gana, momento en que abdicará en favor de su hijo, al que, a su vez, habremos de aguantar hasta que... ¡Manda uebos! Se nos llena la boca cuando decimos que somos demócratas, tendemos a votarlo absolutamente todo, entre amigos, en el trabajo..., y aun en familia para decidir la cena del sábado: ¿Pizza o hamburguesa? Que levanten la mano los que... Y, en cambio, no podemos decidir si queremos que el mandamás del Estado lleve corona o simple sombrero —si se tercia llevarlo—.

El vicesecretario general del PP, Javier Arenas, ha declarado hoy que “Es de miserables no ver el papel clave de la monarquía”. Si lo dice, por el papel integrador durante la Transición..., ¡psé! Si lo dice por el papel antigolpista en el 82..., hay quienes ni siquiera lo ven claro. De todas formas, aunque concediésemos sendos síes aquiescentes a ambos papeles, de ahí a hablar de una "hoja de servicios impecable" del rey...  ¡Si palacio es una olla de grillos! Veamos: nietos menores manejando ilegalmente armas, yernos exdeportistas manejando corruptamente dineros públicos, infantas pretendidamente pusilánimes desconociendo enriquecimientos ilícitos, papás difuntos dejando herencias en paraísos fiscales..., cazas de elefantes, cazas de rubias, caídas tontas, operaciones en clínicas privadas, más caídas tontas y más operaciones... A continuación voy a ofrecer unos datos obtenidos de una fuente de información que acaso deja mucho que desear, pero que es suficiente para que nos hagamos una graciosa idea acerca de qué es lo que me tengo que tragar porque no me dejan ser republicano. Entre las listas que confecciona la web 20 minutos, se halla la de Los peores escándalos de las familias de la realeza. Pues bien, en el puesto número uno del ranking, se halla, como no podía ser de otra manera, Iñaqui Urdangarín —o Urmangarín, Urdanguarrín, Urdancaín, (H)Urtadinerín..., como va llamándole la invectiva popular—. La segunda y sexta posiciones no son para otro que para el ínclito Juancar: una, por ciertos asuntos paquidermos, a pesar de haberlo sentido mucho, de haber reconocido que se había equivocado y de haber asegurado que no volvería a ocurrir; otra, por su irrefrenable donjuanismo, el cual ha ido a dar en lo que ya se conoce como La soledad de la reina. El octavo lugar lo ocupa Felipe Juan Froilán, por su accidentado disparo. El décimo, la cuñada suicida del príncipe. El decimoquinto, la princesa Letizia y su acaso anorexia.

En fin, impecable, como dice el pepero. Y eso que nada se dice de los mil ochocientos millones de euros en que se calcula la fortuna de Juan Carlos, según publicaban el año pasado varios medios: Forbes, The New York Times... ¿Estaría incluida ya la herencia suiza en esa millonada?

(Perdóneseme; es deformación profesional: ¡tres faltas de ortografía en la papeleta del "sí"!)

Horado

Últimos cuatro puntos del argumentario pepero en forma de decálogo

Hace tres días, la Oficina de Información del Partido Popular difundía entre las filas del partido un argumentario con que hacer piña en torno al pensamiento único. Tema: el escándalo Bárcenas. La cuestión es que dicho argumentario exponía exactamente diez razones, de ahí que tanto  la prensa como los propios correligionarios peperos, a quienes, en principio, iba dirigido el documento, se hayan apresurado a llamarlo decálogo.

El DRAE nos da a conocer que la voz decálogo posee dos acepciones. Según una de ellas, se aplica al conjunto de normas o consejos básicos para el desarrollo de cualquier actividad; en el caso que nos ocupa —o, por mejor decir, que ocupa al PP—, tal actividad consiste en un numantino cierre de filas, justo esas  filas por las que se difunde el argumentario que impulsa el no, no, no / no me consta. Considerando todavía esta misma acepción de la voz decálogo, el diccionario nos advierte que, al margen del significado etimológico que este sustantivo ostenta —δεκά 'diez' y λογος 'palabra'—, el decálogo no necesariamente ha de estar constituido por normas o consejos en número de diez; en realidad, cualquier cantidad es posible . Y, no obstante, los dirigentes del PP, más PaPistas que el PaPa, no habrían de poder sentirse cómodos dictando nueve u once argumentos.

Bien me parece que ello sea así, ya que, después de todo, cada uno de los argumentos redactados por la susodicha Oficina de Información es más norma que consejo, por lo que cabe cumplirlos a todo trance. Y, por ahí, diez es el número justo y necesario. No olvidemos que diez fueron los mandamientos que Dios grabó a fuego para imponer su ley y, por antonomasia, según la acepción que del DRAE nos falta, al conjunto de los diez mandamientos que conforman la ley de Dios se le llama decálogo. Este es el sentido prístino de esta voz, a pesar de que ni la cantidad ni el orden de los mandamientos de la tradición mosaica sean tan indiscutibles como la moderna Iglesia católica nos obliga a creer. Cuestión de fe, después de todo; como cuestión de fe ha de ser para las gentes de a pie de este país seguir creyendo —si es que alguna vez lo hemos hecho— en lo que la cúpula del PP nos quiera bajar del Sinaí de Génova, que, por supuesto, no ha de ser el séptimo mandamiento. Porque, vamos, eso de "No robarás"...

En verdad, os digo —nos dicen— que «No se ha producido el pago de sobresueldos a cargos del partido ni en la etapa actual ni en las anteriores». Así, ¿de qué sobresueldos de hasta unos nada despreciables 10.000 € nos habla Jorge Trías Sagnier?

En verdad, os digo —añaden— que «Todos los sueldos y gastos de representación que se pagan en el Partido Popular se declaran a Hacienda y se cobran de acuerdo a la legalidad». ¡Vaya, pues no sabía yo que hubiese delegación de la Agencia Tributaria en Suiza! ¡Menos aún que un politicastro cualquiera pudiera llegar a atesorar 22.000.000 € «de acuerdo a la legalidad»!

En verdad, os digo —y van tres, como en el gallináceo episodio de san Pedro— que «La contabilidad del Partido Popular es una contabilidad clara, diáfana, normal y está auditada favorablemente por el Tribunal de Cuentas». El cual, digo yo, ha de ser sumamente incompetente, porque Rajoy ha anunciado una investigación interna de las cuentas del PP, las cuales serán sometidas a auditoría externa. Por cierto..., ¿la investigación interna previa a la auditoría externa no será para eliminar lo que no deba encontrarse, no? Ya sabemos, gracias a las imágenes televisivas, cuán grandes son las furgonetas que las empresas de destrucción de documentos confidenciales envían a las sedes del PP justo el día en que sus extesoreros y exsenadores dejan de figurar en la web del partido en el que todavía tienen un despachito donde guardar (¿y destruir?) documentos confidenciales.

En verdad, nos dicen también que «El PP supo la existencia de [las cuentas en Suiza] al mismo tiempo que los medios de comunicación». Lo cual viene a decirnos que quienes han de cuidar del país están en la inopia. Casi sería preferible que mintiesen, como creo que, efectivamente, hacen de manera consuetudinaria. No descartemos la posibilidad de que cierto ministro de Hacienda ampare su desvergüenza tras un micrófono público para acabar confesándonos que el Bárcenas de marras se acogió no ha mucho a la recentísima amnistía fiscal —¡ups!, perdón; quise decir a las recentísimas medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas—.

En verdad, pretenden que creamos que «El PP siempre ha actuado en consecuencia y todas las personas que ostentan una representación política y tienen una actuación irregular deben ser apartadas, tal y como se ha hecho». Pues, quizá sea así; pero me da a mí que —por exponer solo un dato no muy lejano— el hecho de que, en abril pasado, hubiese hasta 60 políticos del PP con sendas imputaciones judiciales cobrando sueldo todos los meses desmiente de todas todas la pretendida veracidad argumental. ¿Y qué decir de Trillo? ¿Considerará el PP regular o irregular el hecho de alquilar aviones de juguete como transporte para que mueran 62 soldados españoles? Regular, claro; pues, por definición, el soldado anda siempre jugándose la vida, por lo que una ayudita en favor del peligro es lo menos que un responsable puede ofrecer. Y, ¿regular o irregular el hecho de falsificar luego la identidad de la mitad de los cadáveres de estos soldados? Regular también, sin duda; pues si no, difícilmente se comprenderá que al señor Trillo, sin pertenecer a cuerpo diplomático ninguno, le llueva del cielo toda una embajada en el extranjero, y que, sin conocer en absoluto el idioma inglés, la embajada le haya llovido nada menos que en Londres. ¡Y aún le llamarán a esto apartar a alguien!

Por último, en verdad, rematan diciéndonos que «Hay muchos políticos honrados y la inmensa mayoría son horados (sic), pero el PP comprende que los ciudadanos estén indignados». No voy a arremeter contra la pésima redacción de este último punto del argumentario; me conformo con evidenciar la elocuencia contenida en el lapsus clavis que supone haber escrito, en vez de «honrados», «horados»; no en vano esta palabra, procedente del latín forātus 'perforado', significa en nuestro idioma 'agujero que atraviesa algo de parte a parte'. Como el dejado por Bárcenas en las finanzas ilegales del PP.