La cabalgata vigitana

Ayer fui al cine a satisfacer mi desmesurada cinefilia galáctica viendo Rogue One, el paraepisodio de la saga Star Wars. Como cabía esperar, disfruté de la película. Y, hasta aquí, la crítica cinematográfica de esta entrada. Lo que me interesa destacar de la sesión de ayer es uno de esos tantísimos anuncios que, en la actualidad, preceden a la proyección de los grandes estrenos de la temporada; se trata del anuncio íntegro de Campofrío en su campaña navideña Hijos del entendimiento, en el cual se nos presenta a una serie de parejas sentimentales cuyos miembros antagónicos imponen en sus vidas la comprensión por encima de la intolerancia. Un podemita y una pepera; un antitaurino y una taurina; una creyente y un ateo...; un independentista catalán y una españolista convencida son los matrimonios que el espectador reconoce como reales y no ficticios. 

Es probable que, sin deteriorar su longeva relación, el indepe y la españolísima anden hoy polemizando controladamente sobre la cabalgata de Reyes que TV3 retransmitirá dentro de pocas horas desde Vich. De ser así —hay quienes dudarán de ello; al menos, aquellos que critican el anuncio de Campofrío arguyendo el oxímoron del "exceso de tolerancia"—, algo podríamos aprender de ellos, sin duda.

Si prestamos atención a la prensa o, sobre todo, a las redes sociales —a este respecto, resulta ilustrativo seguir en Twitter la etiqueta #ReyesSinEstelada— comprenderemos hasta qué punto la sinrazón invade el terreno propio de la razón, esto es, el diálogo; el debate; la polémica, incluso. No existe ya apenas el interés por convencer al otro; mucho menos por tratar de comprenderlo. El único interés radica en dar rienda suelta a la iracundia, a menudo sin ni siquiera anteponer los límites de la falta de respeto y la ofensa.

En esencia, quienes se sienten alarmados —cuán eufemística me ha quedado la adjetivación— por los farolillos de la próxima cabalgata en Vich suelen esgrimir como argumento lo infame que resulta la manipulación de la infancia con fines ideológicos. Y así pueden leerse aberraciones como la que escribe @Zooropina: «Mucho "Dret a decidir" pero les arrancan de cuajo a los niños el derecho a la infancia. Miserables sin escrúpulos». O lo que escribe @AngelBaena5: «Lo que está haciendo el separatismo catalán con los niños es exactamente lo mismo que hizo Hitler en la Alemania Nazi».

Claro que, a esta línea de ataque, se opone otra de defensa en consonancia con lo que viene siendo la tónica del debate político en nuestro país, es decir, el "y tú qué" o "y tú más". Es entonces cuando, tirando desacertadamente de ironía, vemos aulas llenas de niños con banderas españolas o vemos a la Leti rodeada asimismo de numerosos niños con banderas españolas. ¿Qué esperamos que lleven?, ¿las del Reino de Lesoto, tal vez?, ¿las del de Bután, acaso? Lo cierto es que este tipo de contraargumento podría resultar acertado si la intención de quien lo arguye es la de equiparar dos normalidades; sin embargo, mucho me temo que lo que subyace sea algo así como "pues para adoctrinamiento, el vuestro", lo cual, si mucho no me equivoco, es tanto como conceder al otro parte de razón en su crítica. Un hecho que sustenta mi temor es que, en ciertas fotografías, la bandera que muestran los pequeños es la preconstitucional —¿por qué seguiremos denominando así, de manera tan laxa, a la que claramente es fascista, dictatorial, antidemocrática...?—. Otras analogías con algo más de acierto, pero igualmente concesivas a mi entender, pasan por ofrecer imágenes que asocian a los niños con las armas en ciertos encuentros con el ejército. He visto incluso la referencia a una cabalgata de Reyes a cargo de la Legión.

No obstante, la más contundente de las comparaciones es la que me ha hecho llegar en un wasap uno de mis amigos de toda la vida a quienes tanto quiero. Se trata de una imagen en la que un niño acaba de recoger de una cabalgata de Reyes unos caramelos en cuyo envoltorio cerúleo se leen las enormes siglas del Partido Popular. Y me parece de mayor acierto que el resto, en primer lugar, porque la carga ideológica no es de identificación patriótica con una u otra bandera, sino de color político; y en segundo lugar, porque la "doctrina" viene de la organización, no de los asistentes.

Seamos sinceros, si uno es españolista o independentista, monárquico o republicano, merengue o culé..., la camiseta con que vista a su hijo, la gorra con que cubra su cabeza o la banderita que le ponga en la mano llevarán los colores correspondientes a la propia filiación. Y salvo que mediante presión se le niegue al hijo en algún momento de su vida el derecho a elegir, lo que estaremos haciendo no será manipularlo, sino educarlo.

Serenemos un poco el ánimo y pensemos cuál puede ser el motivo de la discordia, porque —sigamos siendo sinceros— lo de la cabalgata es la enésima y no última excusa que nos buscaremos para escupirnos a la cara los respectivos sentimientos nacionalistas. Yo creo que todo se resume en el hecho de que TV3 va a retransmitir la cabalgata. Hace ya casi un lustro que los vigitanos —quienes quieren; quienes no, no— guían a SS. MM. hasta sus casas con farolillos estelados. Pero, claro, la trascendencia de tal costumbre reciente es limitada; sin embargo, si la televisión pública catalana lo difunde al conjunto de la sociedad, el eco se multiplica enormemente. Acaso la discusión debería ser esta, la de si la decisión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es acertada; esto es, si es o no neutra, objetiva, considerando que el año de la emisión es este 2017 en que se ha fechado un posible inicio de desconexión estatal. Quizá por aquí, encontraremos la tibieza con la que un orador de lengua y pensamiento afilados como Rufián habla del asunto, llegando a conceder que ello le «chirría» y que él «no lo haría».

En fin, ideologías al margen, en última instancia, a mí, lo que no deja de sorprenderme es que, en todo este asunto de los Reyes Magos, el problema sea la estrella.

NOOSomos iguales

Ayer, consuetudinariamente, recibí vía c. e. la palabra del día de Ricardo Soca. El don de la oportunidad acertó a que esta fuese el sustantivo rey.

La entrega, también como de costumbre, informaba sobre todo de la etimología de esta palabra, cuya raíz indoeuropea reg- hace referencia «a la idea de moverse en línea recta y, metafóricamente, tener comportamiento correcto, cumplir las reglas». No en vano, dicha raíz está en el origen de las voces latinas rectus, correctus y regula.

En su último párrafo, el texto nos recordaba que «Los indoeuropeos eran pueblos primitivos, prehistóricos, que se congregaban en grupos dirigidos por un guía o jefe, que les indicaba el camino recto, que más tarde los romanos llamarían rex y que llegaría al castellano como rey».

Veinticuatro horas después todos los rincones informativos de periódicos, radios y webs se llenaban con la noticia de que, por fin y de nuevo, la infanta Cristina ha sido imputada. Y, claro, uno no tarda en recordar que el bueno —es un decir— de Juancar no solo no sigue «camino recto» ninguno, sino que ni siquiera sabe indicarlo pues, por mucha ambientación navideñotelevisiva que envuelva a su retórica oficial mientras perora, ni su propia hija le hace caso. Acaso, sencillamente, porque no haya caso; yo, como muchos otros, pienso que el gran Borbón no es ajeno a nada. Ni en esto, ni en el asunto de la herencia...

Que, demasiado a menudo, los poderosos no solo interpretan las leyes a su conveniencia sino que, además, las acomodan a ella para enseguida quebrantarlas es algo que está fuera de toda duda, cuando menos en esta España de corrupción endémica. «Allá van leyes, do quieren reyes» —nunca mejor dicho—.

Inocentes (santos o no) y culpables

Las bibliotecas públicas te necesitan

Envía a tu eurodiputado un correo electrónico para que apoye la aprobación de la Declaración por escrito 0016/2013, que reconoce los servicios esenciales ofrecidos por las bibliotecas públicas en las comunidades de toda Europa.

Transcribo a continuación el c. e. que yo he remitido, para que sirva de ejemplo a quien le interese:

Estimado Raúl Romeva i Rueda, eurodiputado:

Me llamo Juanjo González Bueno y vivo en Lloret de Mar, provincia de Girona, en la Comunidad Autonómica de Catalunya (España).

Como su elector le escribo para que apoye la Declaración escrita 0016/2013 “sobre el impacto de las bibliotecas públicas en las comunidades europeas” que se abrió a las firmas de los eurodiputados el 7 de octubre de 2013.

Esta importante declaración reconoce los servicios esenciales que prestan las bibliotecas públicas a las comunidades de la UE como lugares donde se ofrecen oportunidades de aprendizaje continuo, inclusión social y digital y herramientas para el empleo. Ante todo destaca el hecho de que las bibliotecas públicas no son solo cultura y libros, sino que representan a una potente red paneuropea de 65.000 instituciones comunitarias que proporcionan apoyo educativo, social y económico a 100 millones de usuarios de bibliotecas de todos los Estados miembros.

Gracias a mi experiencia como vecino de Lloret de Mar/Catalunya/España, conozco de primera mano el servicio esencial que prestan las bibliotecas públicas a los miembros de mi comunidad local, como puente digital hacia los recursos online y como espacio de aprendizaje comunitario agradable y acogedor, abierto a personas de cualquier edad, sexo y condición social.

Gracias además, a mi experiencia al servicio de los hijos de sus electores en la biblioteca del instituto de educación secundaria Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar), conozco de primera mano el servicio esencial que prestan las bibliotecas públicas a los miembros de mi comunidad local, como puente digital hacia los recursos y las capacidades online, y como espacio de aprendizaje comunitario agradable y acogedor, abierto a personas de todas las edades, géneros y procedencias sociales.

Por todos estos motivos espero poder contar con su apoyo, como eurodiputado/a, con la firma de la Declaración escrita 0016/2013 en reconocimiento de los servicios esenciales que las bibliotecas públicas ofrecen a las comunidades españolas.

Atentamente,

Juanjo González Bueno.

Extrema, dura

La señora Trujillo anda preguntándose estos días, con escaso espíritu humanista y menor alcance intelectual, para qué sirve el catalán. Tentado estoy yo de resolverle tan angustiosa duda de manera llana y escueta, diciéndole que, como cualquier otra lengua, la catalana sirve para comunicarse verbalmente, es decir, evolucionadamente, proceso este, al que alude el lexema adverbial, del cual intuyo entre ajena y lejana a la señora Trujillo. Contrariamente, de errar con mi intuición, habré de concluir que la exministra extremeña no tiene un pelo de tonta y que su pregunta es de esas a las que la retórica da su propio nombre. La Trujillo no pregunta; la Trujillo responde. Y su respuesta, no requerida por nadie, viene a decirnos que el catalán no es necesario; y, si no es necesario, es prescindible; y, si es prescindible..., pues eso: prescindamos. De este modo, lo que inicialmente pudiera antojársenos angustiosa duda no es sino un hipócrita intento de justificación.

Llegados aquí, se me ocurre que el único distingo para que no sean uno y lo mismo los supuestos trujillistas y los franquistas es que Paquito, el Generalísimo, no necesitó nunca justificarse, mucho menos hipócritamente y con pseudorreflexiones disfrazadas de preguntas retóricas.

¡Quién sabe...! Al cabo, si cundiese el ánimo simplista que la señora Trujillo parece tener en materia lingüística, no solo el catalán sino incluso el castellano podrían estar en la exterminadora mirilla del desdén anglosajón: What use is...? Seguro que entonces la Trujillo se situaría al otro lado de la barrera.

Cae mierda sobre el Rey

En serio..., ¿todavía hay a quien no le convence la república?

Desautorización

Según el DRAE, desautorizar es un verbo transitivo monosémico, cuyo significado es el de 'Quitar a alguien o algo autoridad, poder, crédito o estimación'. En este caso, el sujeto agente de la acción verbal es la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, y el CD objeto de la transición verbal, ese alguien, es el docente.

Con los gobernantes, en general, y, en particular, con los gobernantes de derechas, conviene ir tirando de hemeroteca frecuentemente. Así, pues, dado que la Rigau es, fuera de toda duda, una gobernante plenamente derechizada, me dispongo a tirar de hemeroteca y a recordar cierta noticia que La Vanguardia o los distintos  medios de comunicación de la Corporació Catalana de Medis Audiovisuals (CCMA), como tantos otros, difundían hace casi exactamente dos años:

«La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha afirmado hoy que el hecho de considerar autoridad pública a los profesores, condición que por ahora sólo ostentan los directores de escuela e inspectores, contribuirá a dar "valor, estima y respeto" a los docentes».

El 23 de octubre pasado, la Rigau dijo Diego donde había dicho digo y contribuyó con su voto a la amplia mayoría con que el Parlament de Catalunya rechazó continuar tramitando la proposición de ley del PPC —sí, de la derecha, de la otra derecha— para que los docentes fuéramos autoridad pública y gozásemos de la presunción de veracidad.

Uno pudiera pensar que el título de esta entrada no ha lugar, pues no cabe pensar que se desautoriza a quien no ha sido dotado previamente de autoridad. Sin embargo, acudo de nuevo a la única acepción del verbo para señalar que no queriendo investirnos de autoridad, se nos quita, desde luego, poder; por supuesto, crédito; e, indirectamente, estimación.

Durante estos dos años que median del digo al Diego, he podido comprobar cómo muchos colegas de profesión se manifestaban a favor de que nos fuese conferida la distinción de autoridad. De hecho, aunque no dudo de que debe de haberlos, no he oído a uno solo pronunciarse en contra. No se trata de una medida ideológica, sino de sentido común o, más bien, de intentar conservarlo en unos tiempos en los que, por desgracia, cada vez son más frecuentes los casos en que el maestro o el profesor es presionado, amenazado e, incluso, agredido por quienes debieran de estarle agradecidos, ya que es quien enseña y, en parte, educa a sus hijos. Y, aun no siendo una medida ideológica, en el Parlament se rechazó como tal. A saber, las izquierdas —las de verdad y las que siguen insistiendo en que lo son, pero ya no hay quien se lo crea— votaron en contra. Y la derecha, que hace dos años mantenía una misma actitud de aquiescencia, ahora ha mostrado una distinta de discrepancia: CIU votó en contra ¿Por qué? La frontera del Ebro, supongo, la cual lleva al partido en el Gobierno a olvidar, incluso, el anteproyecto de ley con el que la consellera acudió, este mismísimo verano, a la Mesa Sectorial de Negociación.

Como siempre, nos han traicionado. A todos, pues la educación es la de todos nuestros hijos. Esta vez,  la traición ha venido, además, traicionando sus propios principios. Créanme. Concédanme ustedes, al menos lo que el Parlament me niega: la presunción de veracidad.

Por cierto, lo peor de este pleno del 23 de octubre no fue la desautorización de la que vengo hablando en estos renglones, sino el hecho de que, en contra de la iniciativa de ICV, el Parlament seguirá permitiendo —y va ya camino de lo sempiterno— que los centros escolares que segregan por razón de sexo opten al concierto público.

Una P más que otra

Lo malo del Partido Popular es que sus políticas son demasiado partidistas y nada populares.

Analogía

Este último miércoles, a no sé qué pepero iluminado se le ocurría argumentar algo así como que cualquier relación entre la voluntad separatista de Catalunya y el proceso de independencia de ciertos países del Este respecto de la cárcel que era el estado soviético supone una aventura intelectual difícilmente explicable.

Yo, antes que aventura, lo llamaría analogía, y no creo que resulte difícil de explicar, por cierto. Bastaría con el argumento obvio del derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido internacionalmente.

Pero, ya puestos a conjeturar, analogía mediante, no deja de sorprender el hecho de que, siendo tan dispar el grado de democracia entre la desaparecida URSS y la actual España, se haya originado, sin embargo, idéntica reacción significativa en una parte de sus respectivos territorios. ¿No será que las actitudes estatales venidas de Madrid tienden a pecar de exceso de autoritarismo y de despótico centralismo?

Seguramente, la crisis es un excelente caldo de cultivo para el descontento social; pero ello no explica el hecho de que ERC, por muy de izquierda ideológica que sea, pase de los 244.854 votantes que le dieron su apoyo en las últimas generales de noviembre de 2011 a los más de 800.000 que, según estimaciones estadísticas de intención de voto, le concederían la mayoría en las próximas elecciones. Para explicar este significativo y, hasta hace dos miércoles, inverosímil vuelco electoral, hemos de fijarnos más bien en el eje argumental que va desde el secular pago de peajes en las vías catalanas y el boicot al cava hasta el tijeretazo al Estatut o a la recentísima LOMCE, pasando por innúmeros agravios de falta de inversión, pisoteo cultural y demás muestras de comprensión y aprecio a la pluralidad hispana. O sea, autoritarismo despótico.

Por cierto, el PSOE tampoco está exento de responsabilidad en este nuevo y efervescente statu quo.

Losada, cesado

Que hayan cesado al jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, José García Losada, no puede sorprender a nadie. La suya ha sido la crónica de una muerte anunciada. Ya a principios de este verano, se rumoreaba con insistencia su cese, tras haber puesto a Ana Mato contra las cuerdas y frente a Correa —como juego de palabras, deja que desear, pero no he sabido ahorrármelo—.

Al frente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), García Losada era el responsable máximo de las investigaciones relacionadas con la presunta financiación irregular de los partidos políticos. Esto es, investigó los casos Palau, Gürtel, Bárcenas...

El ministro de Interior, cuya preclara mente le llevó a asegurar durante la última campaña electoral que, en cuanto el PP llegase al poder, los mercados se tranquilizarían y la crisis poco menos que se desvanecería, el ínclito Jorge Fernández Díaz, es quien parece empecinado en ostentar el récord de renovaciones en un ministerio. Desde su llegada a Interior, tres son ya los responsables que ha colocado al frente de la investigación anticorrupción. Pudiera parecer que el ministro está muy preocupado por el tema. Y, seguramente, es así; pero en sentido inverso al que cabría esperar, puesto que, con tanto relevo y falta de continuidad en la dirección policial, la preocupación que se muestra es la de restar eficacia y, sobre todo, la de coartar la voluntad de investigación. Diez días fue lo que tardó Fernández Díaz en fulminar a Juan Antonio González, jefe de la policía judicial a la llegada del ministro. Cinco meses fueron los que duró en este nuevo cargo su sustituto, Enrique Rodríguez Ulla, quien —¡oh, equivocación entre equivocaciones!— ordenó la investigación sobre el ático de lujo en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid. Por cierto, cinco meses deben de constituir también un lamentable récord, parejo y en consonancia con el de haber tenido cuatro comisarios principales para la lucha contra la corrupción en una sola legislatura aún por acabar.

En fin, que la política en este pepepaís nuestro va siempre mucho más allá (incluso de lo razonable). Con la fulminante destitución de José García Losada, el Gobierno consigue, efectivamente, ir más allá y pasar de la política anticorrupción a la política antianticorrupción. Apenas un prefijo más allá.

Congreso de los disputados

ANTES.

Disputas, en el patio del cole:

—¡Imbécil!

—¡Y tú, más!

Y, así, hasta que el timbre del cole marcaba el retorno a las aulas.

DESPUÉS.

Diputados, en el Congreso:

—¡Corrupto!

—¡Y tú, más!

Y, así, hasta... En fin, hasta hoy. Pero mañana habrá más. Malaya a Malaya, Saqueo a Saqueo, Palau a Palau, Bárcenas a Bárcenas, Noos a Noos... ERE que ERE.

Ticcionario ciudadano

L'entrevista del diumenge que el canal 3/24 emitió anteayer tuvo como protagonista al portavoz parlamentario de C's, Jordi Cañas. Durante la misma, el Sr. Cañas, refiriéndose al PSC, afirmó: "A veces se lo digo cariñosamente: tienen que leerse las acepciones de las palabras. O sea, cuando uno es federalista no puede pedir el derecho de autodeterminación" (sic).

No es la primera vez que el Sr. Cañas o su líder, el Sr. Rivera, andan por ahí recomendando a los demás, con excesiva alegría, eso de que se miren el diccionario. De tal forma, que no acierto a saber si la tal recomendación es una argucia efectiva en la búsqueda ganancial de votos para el partido o, llanamente, un ramalazo, aunque no propiamente de locura, antes bien de vana soberbia. Aunque vaya usted a saber si, después de todo, acaso no es sino una simple muletilla, esto es, un tic lingüístico.

Pero, en fin, no sea dicho... Acudamos al lexicón, pues, a fin de cuentas, es sano ejercicio mental. Entrada "federalista" en el DRAE, primera acepción —como cabe esperar—: 'Partidario del federalismo'. Entremos, pues, a través de "federalismo" y atendamos a sus diversas acepciones... ¡Ah, no! ¡Un momento! La voz "federalismo" es monosémica y solo significa "Espíritu o sistema de confederación entre corporaciones o Estados". Vayamos, entonces, con determinación, a la entrada "autodeterminación"; no sea que el problema semántico pescado con Cañas se encuentre en esta palabra. Dos son las acepciones que nos ofrece el DRAE:

1. 'Decisión de los ciudadanos de un territorio determinado sobre su futuro estatuto político'.
2. 'Capacidad de una persona para decidir por sí misma algo'.

Esta segunda acepción es la que me permite a mí, por ejemplo, decidir que no voy a votar a C's. En cuanto a la primera acepción, es la que da cuenta de que yo decida, en la pequeña medida proporcional que me corresponde democráticamente, qué futuro estatuto político quiero para "un territorio determinado", el cual, en el caso que nos ocupa, dícese Catalunya. Y ello incluso teniendo en cuenta que soy federalista —aunque, ciertamente, no socialista—.

Llegado a este punto, siento cierta desazón, pues sigo sin ni siquiera vislumbrar la tan obvia  —según Cañas— contradicción en que incurre todo federalista pro autodeterminación. De modo que hago un último intento por aclararme y me cuelo de nuevo en el DRAE; esta vez, a través de la entrada "estatuto", no sea que se halle en ella el intríngulis conceptual. Este sustantivo posee cuatro acepciones distintas y sospecho que la estrechez de miras y de criterio del portavoz de Ciutadans ha escogido como única válida la tercera: 'Ley especial básica para el régimen autónomo de una región, dictada por el Estado de que forma parte'. De ser así, el intríngulis 'dificultad o complicación' sería más bien el intríngulis 'intención solapada o razón oculta que se entrevé o supone en una persona —el Sr. Cañas— o en su acción. Porque esta acepción tercera de "estatuto" da cuenta de la realidad tal como la entiende la actual legislación española; sin embargo, en una cuarta acepción, como tecnicismo del ámbito lingüístico del derecho, "estatuto" es el 'régimen jurídico al cual están sometidas las personas o las cosas, en relación con la nacionalidad o el territorio'. Y es precisamente ese régimen jurídico el que los federalistas queremos variar de la forma menos imperfecta que las sociedades han sido capaces de idear: a través del voto democrático. La autodeterminación de los pueblos es un derecho consensuado internacionalmente, por lo que cualquier pueblo puede libremente aspirar a decidir su futuro como Estado autonómico, independiente o federal.

Reconozco que me sentiré decepcionado si la consulta se reduce, como pretenden muchos, a una simple disyuntiva de independencia sí o no. Espero que me permitan optar por una realidad federal, que acaso no sea mayoritaria, pero que está mucho mejor  perfilada que esa amorfa suma de "unión y singularidad" con que C's intenta jugar al despiste de la indefinición ideológica. Una indefinición, por otro lado, a la que siempre ha jugado este partido desde que dijeron venir a ocupar el centro izquierda, pero acabaron pactando con la coalición ultraderechista Libertas. Lógico, si consideramos que Albert Rivera venía de las Nuevas Generaciones del PP.

Quien parte y reparte se queda sin parte

Dentro de muy pocas horas, el diario austriaco "Kurier" publicará una entrevista con Rajoy. En ella, el ínclito Mariano nos dejará la siguiente confesión: "Soy consciente de que exigimos sacrificios a los ciudadanos, pero somos cuidadosos de repartir las cargas de forma justa".

Ignoro qué debe de entender el sr. Rajoy por "de forma justa". Tras oír decir recientemente a su compinche Montoro que  "Los salarios no están bajando en España, [sino que] moderan su crecimiento", lo cierto es que uno se puede esperar ya cualquier tergiversación semántica. Lo que sí sé es que mi salario ha disminuido en más de una ocasión; el de Rajoy, nunca. Lo que sí sé es que, por enésima vez, no cobraré mi paga extra; Rajoy, sí. Lo que sí sé es que las pensiones subirán un 0,25%; el IPC, más. Lo que sí sé es que el paro afecta ya a más de un cuarto de la población activa; a Rajoy no. Ciertamente son demasiadas las cosas que pueden saberse.

En fin, los políticos gobernantes —en especial, los del PP— saben, como nadie, identificar eufemismo y falacia. Y este presidentucho nuestro de tercera fila, que accedió al poder con la promesa de meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas, la sanidad y la educación, hace ya demasiado tiempo —el que media desde su advenimiento— que perdió cualquier atisbo de credibilidad.

Verdades de mentira y la mayoría silenciosa

La mayoría silenciosa, de A. Berni. Polimatérico sobre madera, 1972

Suele decirse a menudo que existen verdades, mentiras y estadísticas; aunque yo prefiero, en rigor, parafrasear a Mark Twain y decir que lo que en realidad existe no son más que mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Al menos, en la vida pública. Y con vida pública no me refiero, perifrástica y asépticamente, al mundillo de las vulpéculas bípedas que habitan las esquinas nocturnas de los bajos fondos; me refiero, en realidad, a la política, pues, después de todo, hay más puterío en ella que en la propia hampa.

Al político, lo único que le mueve es su reelección. El político —al menos, el político español— no busca el interés ciudadano, sino el propio. Busca perpetuarse, como hace cualquier especie viva en la naturaleza; no obstante, el político no es un ser natural, sino social, y, si algo distingue claramente sociedad y naturaleza, ello es el principio ético —del cual el político carece, claro—.

En cualquier caso, lo que, en política, tienen en común mentiras, grandes mentiras y estadísticas es la intención de manipular al ciudadano, al posible votante. De ahí que, cuando la verdad entra en la escena política, la tendencia mayoritaria se divide entre la opción de enmascararla, tergiversarla, trabucarla..., y la opción de silenciarla. Al servicio de lo uno y de lo otro, nada mejor que una buena estadística con la que destacar los aspectos favorables y callar los desfavorables. Esta es la razón primordial por la que nadie se sorprende cuando, tras un recuento electoral, todos los partidos llevan a cabo lecturas positivas de los datos recabados.

No hace mucho, TV3 pregonaba la opinión de «una mayoría de catalanes» acerca de que el Govern «lo está haciendo regular». Como estadística, resulta cochambrosa: ¿la mayoría es aplastante o escasa? ¿Del 60%, el 70%..., el 99%? ¿Quienes conforman la minoría opinaban que el Govern lo hace bien o mal? Por los mismos días, la prensa publicó que el 80% de los votantes del PP opinaban que el Gobierno no actuaba bien en el caso de aquel-presunto-delincuente-que-sufre-prisión-preventiva, o sea, en el caso Bárcenas. El ochenta es, sin duda, un porcentaje de mayoría contundente y, sin embargo, evita que nos sorprendamos por el hecho de que todavía veinte de cada cien personas no opinen que el Gobierno no sabe gestionar este caso.

Y no solo con los datos porcentuales de las estadísticas se intenta jugar; también se hace lo (im)propio con los números absolutos. La asistencia a eventos de reivindicación social marca siempre tales diferencias entre las cifras gubernamentales y las manejadas por los convocantes que, inevitablemente, entendemos que unos, otros o ambos mienten. La crisis económica nos ha llenado los tiempos presentes de numerosas concentraciones, manifestaciones, huelgas..., con que aseverar lo dicho. Y más recientemente aún, las 400.000 personas que, según unos, se dieron las manos en la Via Catalana son apenas una paupérrima, ridícula cuarta parte del millón seiscientas mil personas que, según los otros, vistieron de amarillo el trazado catalán de la antigua Vía Augusta. Seguramente una cifra esté, más que la otra, próxima a la real; no obstante, puestos a contemplar la verdad, esta carece de números: la verdad innúmera es que la Via Catalana ha sido un éxito que no puede ningunearse. Con todo, lo que más sorprende en la disoluta interpretación de la realidad —ya no me atrevo ni a seguir llamándola verdad— es esa apropiación indebida que los peperos hacen de lo que se conoce como mayoría silenciosa, una mayoría silenciosa que la Camacho se ha apresurado a cuantificar en 6.000.000 de personas. Como diríamos por aquí, "Són faves comptades", que, dicho sea de paso, dan como resultado la tácita admisión de que en la Via Catalana se dieron la mano 1,6 millones de personas, pues, como es sabido, la población de Catalunya sobrepasa los 7,5 millones de habitantes.

Esta mañana, Quim, un buen colega del departamento de filosofía, me recordaba la paternidad de Nixon respecto del término mayoría silenciosa. No me he documentado acerca de si la prístina acuñación se la debemos a este expresidente estadounidense; pero, puestos a recordar su famoso discurso de 1969, se me ocurre algún que otro pero. En primer lugar, la Via Catalana no ha opuesto a la «mayoría silenciosa» lo que Nixon denominó una «ruidosa minoría», sino más bien lo que J. R. J. hubiese llamado una «inmensa minoría». Por otro lado, la minoría que Nixon trataba de despreciar adjudicándose la coincidencia de opinión con la mayoría silenciosa no era otra que, ni más ni menos, la de la protesta contra la guerra de Vietnam. Que Nixon se equivocaba parece obvio a estas alturas de la historia; como se equivocará Rajoy si se erige en portavoz de los silenciosos. A los silenciosos, en Catalunya, lo que nos tienen que dar es una papeleta y una urna. Y, si los números son los que pretenden, que no se preocupen. Y si no lo son, que nos dejen. En sentido absoluto.

Ahora bien, no me extraña que el PP se deje llevar por su inexorable inercia a la hora de apropiarse de las distintas mayorías silenciosas —lo ha hecho ya con la que no se manifiesta contra los recortes, con la que no acampa con los indignados...—. No me extraña que se sientan cómodos con semejante apropiación porque, no en vano, la mayoría silenciosa fue aquello que sostuvo al franquismo tras la cruenta represión de la inmediata posguerra.

Política y diarrea

«Síntoma o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes». Esta es la definición que, de la voz "diarrea", proporciona el DRAE. Pero, ¿saben qué otra palabra significa exactamente lo mismo? La respuesta correcta es "corrupción". Vale que sea un uso anticuado de la palabra, pero ¡no me digan que no resulta harto elocuente, en estos tiempos políticos que corren!

Siempre había sospechado que la mayor parte de los políticos y altos cargos de este país eran una mierda. Ahora lo sé, aunque sea merced a un poco de tergiversación lingüística.

Estado de indignación

Quizá sí que España sea un Estado de derecho¹ pero, ciertamente, andamos muy torcidos. Tanto que el Supremo —que, en política, no es un Ser sino un Tribunal— parece estar tirando de una suerte de estado de necesidad² en contra del estado de opinión³. De esta forma llegamos a la exculpación de Blanco, a la excarcelación prematura de Matas y a lo que te andaré morena, de aquí a nada con Urdangarín. Por suerte, el estado de excepción⁴ no está en manos de los indignados, es decir, del pueblo. Yo ya lo hubiese declarado.

Notas:

• 1. Estado de derecho es un concepto político que define a aquel Estado democrático en el cual los poderes públicos se someten íntegramente a las leyes y reconocen las garantías constitucionales.
• 2. Estado de necesidad es un tecnicismo del derecho que da cuenta de aquella situación de grave peligro, por cuyo urgente remedio se exime de responsabilidad penal en ciertas circunstancias.
• 3. Estado de opinión es el que alude a la opinión general o generalizada.
• 4. Estado de excepción es el que, según la Constitución, generalmente con autorización del Parlamento, declara el Gobierno en el supuesto de perturbación grave del orden público o del funcionamiento de las instituciones democráticas.

Legisla, ejecuta y juzga

En algunas tertulias parecen estar hilando demasiado delgado, además de equivocadamente. Y entre lo uno y lo otro, el telespectador pierde por entero la perspectiva. La última puntada fina y errónea en la sutileza del discurrir tertuliano es la que, no hace muchas mañanas en Al rojo vivo, trataba de poner los puntos sobres las íes diferenciales entre "filiación" y "afiliación" políticas, porque, pretendidamente, ello ha de tener carácter decisorio a la hora de dilucidar la falta o no de ética con que ha obrado el pepero presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, al no haber declarado su militancia. Pues bien, sépase que, tanto "filiación" como "afiliación" poseen los mismos tres puntos sobre las mismas tres íes, pues ambas pueden significar inscripción de alguien en una organización o en un grupo, como un partido político, por ejemplo.

Más preocupante resulta el hecho de que los tertulianos de esta mañana, así como tantos otros tertulianos, periodistas y políticos, no se pongan de acuerdo a la hora de decidir si la Constitución señala o no la incompatibilidad de la magistratura en el TC con la militancia política en cualquier partido. Y como quiera que todas las informaciones nos llegan más o menos sesgadas, yo prescindiré de cualquier argumento de opinión y me limitaré a transcribir los artículos que pueden ser pertinentes en la opinión que ustedes adopten:

• Artículo 159.4: «La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.
  En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial».
• Artículo 159.5: «Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato».
• Artículo 127.1: «Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales».

El artículo 159 está extraído del Título IX (Del Tribunal Constitucional). En esencia, quienes defienden la compatibilidad de magistratura y militancia, es decir, los peperos —porque, en última instancia, lo que defienden no es otra cosa que la honorabilidad de Pérez de los Cobos— pregonan a los cuatro vientos el primer punto y aparte del apartado 4 de este artículo y se molestan mucho en precisar que «el desempeño de funciones directivas en partidos políticos» o «el empleo al servicio de los mismos» son cosa distinta de la mera militancia. Sin embargo, ponen el mismo empeño en silenciar el segundo punto y aparte de ese mismo artículo, pues inevitablemente nos remite al Título VI (Del Poder Judicial) donde la Constitución prohíbe sin lugar a interpretaciones ulteriores que los magistrados pertenezcan a partidos políticos o sindicatos.

Quisiera finalizar esta entrada con un par de reflexiones simples que infiero de lo hasta aquí referido.

Primera reflexión: a mí me da que, con tanto arrimar cada cual el ascua constitucional a su sardina partidista, la ley de leyes de este país, esa Constitución con la que tanto nos ahostian a los catalanes para dejar en agua de borrajas nuestro Estatut o para impedir que nos autodeterminemos, es, como mínimo, muy pero que muy interpretable, en especial si uno tiene dotes tergiversadoras. Procuraré recordarlo la próxima vez que alguien, obviando que el texto constitucional no solo prevé su reforma en el Título X, sino que ya ha sido reformado dos veces —1992 y 2011—, intente venderme la falacia de que la Constitución no se toca.

Segunda reflexión: a estas alturas del circo democrático en nuestro país, aunque todos creamos en la separación de poderes, nadie se la cree ya. El PP legisla, el PP ejecuta y, por si aún no lo sabíamos —que va a ser que sí—, el PP juzga.

Plasma plasta

Viendo la tele y pensando en Rajoy, resulta increíble lo mucho que aparece, con lo poco que comparece.

La importancia de "de"

A los pobres honrados, el capitalismo les tiene destinados contratos basura.

A los políticos corruptos, contratos de basura. De recogida de basura, claro

Hacienda no somos todos

El fraude fiscal en España se cifra alrededor de los 70 millardos de euros—escribámoslo con todos sus ceros para mayor dilatación de las pupilas lectoras: 70.000.000.000 €—. Ello significa que, con lo que en este país se deja de pagar al erario, tendríamos cubierto el presupuesto total para la sanidad pública.

Sin necesidad de disponer de esta u otras cifras exactas, viene siendo habitual en las informales charlas con algún amigo o conocido que se entone una suerte de mea culpa en la opinión de que, entre todos, nos estamos cargando el sistema, ya que quien más y quien menos ha cobrado o pagado alguna facturita en negro, quien más y quien menos se ha beneficiado del material disponible en su puesto de trabajo, etc. No voy a negar la parte de razón que hay en criticar estas actitudes; pero, si los cimientos se tambalean, no es porque mi vecino no le haya exigido factura al pintor que acaba de blanquear las paredes de su comedor, ni porque haya sanitarios que, desde que lo son, no hayan comprado una sola gasa en la farmacia; si los cimientos se tambalean, es porque las grandes fortunas y las grandes empresas tienden, de manera alarmante, a incumplir con sus obligaciones fiscales. Más del 70% de esos 70 millardos de euros defraudados se deben a ellas. Mi vecino y el pintor —¡no digamos ya el sanitario!— no son el auténtico problema. Los autónomos y las pymes, que representan el 97% del tejido empresarial de nuestro país, solo son responsables de un 17% y un 8%, respectivamente, del fraude fiscal. No es que el porcentaje sea despreciable, pues supone un total de 17.000 millones de euros; pero, comparativamente, la cifra es menor.

Conociendo estos números, a uno aún le duelen más lo recortes en prestaciones y en salarios.

Y, a todo ello, vienen a sumarse los escándalos de corrupción con nombre propio, los cuales crecen exponencialmente en relación directa con la crisis económica y van camino de convertirse, si no lo han hecho ya, en una constante lamentable. De tal modo es así, que el conocido eslogan de que «Hacienda somos todos» ya no hay quien se lo crea. Evasiones de dinero, desvíos de capitales, fraudes financieros, paraísos fiscales..., y lo peor de todo: la amnistía fiscal. El campo semántico de la corrupción es profuso, tan copioso como su lista onomástica: Bárcenas, Urdangarín, Millet y Montull... La trama Gürtel, el caso Nóos, el cas Palau, el de los ERE andaluces... Los puntos suspensivos responden al temor de nutrir con facilidad estas enumeraciones; no vaya a ser que se cumpla aquello de Multorum peccatum inultum 'el delito de muchos queda impune'.

Algo que no dejará nunca de sorprenderme en este circo de corruptelas es el proceso de victimización al que suele someterse, inicialmente al menos, el corrupto. En los casos en que este pertenece a un partido político o algún otro organismo social con carga ideológica, la acusación de corrupción es siempre infundada y responde a una campaña de desprestigio por parte de los otros. Si la evidencia de los hechos empieza a ser innegable, entonces la solución adoptada es dejar de hablar del asunto e iniciar el y tú más o el y tú qué. Llega a ser desesperante la facilidad con que todos ven la paja en la corrupción ajena; pero no, la viga en la propia.

La victimización suele ser más constante en el caso de los famosos que defraudan a Hacienda. Y van ya unos cuantos: Lola Flores —y, posteriormente, su hija Lolita—, Ana Torroja, M.ª José Campanario, Isabel Pantoja, Lionel Messi, Sergi Arola... El caso del Sr. Arola resulta, en este sentido, paradigmático, pues por muy cocinero estrellado que sea, es un insulto a la honradez que llegue a sentirse agraviado porque el fisco le reclama lo que a todos. El tipo, al ver precintada su bodeguita, vino a decir irónicamente que así se le pagaba el tiempo que ha estado representando y dando prestigio a España. En su ironía, resulta cínico que quien no paga hable de que se le pague, así o de cualquier manera. No sé si a estas alturas del asunto el cocinerito habrá vendido ya su moto o no, pero a eso se resume su apuro: a quedarse sin la Harley para pagar a Hacienda. ¡Venga ya, no me jodas!

Todos son víctimas, todos son mártires... Si los oyes hablar, los inscribes rápidamente en un nuevo martirologio. Claro que, con ellos, estaríamos cambiando cuerpos incorruptos por mentes corruptas.

Lo de Messi es de peor entendimiento aún. Resulta frustrante intentar adivinar cuál puede ser la razón que tiene para defraudar dinero quien, además de nadar en la abundancia, resulta ser el espejo en que se miran y al que admiran tantos niños. Por otro lado, la táctica de victimización utilizada por el futbolista ha sido distinta: seguramente ignorante del aforismo jurídico Ignorantia juris non excusat  'la ignorancia no exime de culpa', el Sr. Messi ha tirado del viejo truco del Yo no lo sabía. Sus palabras exactas —para que no tenga que ponerlas yo— han sido «De eso no sé nada, hay asesores y abogados que manejan estas cosas y confiamos en ellos». Desde luego, quien aplaude sus diabluras en el terreno de juego —yo, el primero— no espera que el genio del balón lo sea, además, de la contabilidad fiscal. Hasta aquí, bien; no obstante, si el fraude que se le imputa se cifra en 4,1 millones de euros, pero resulta que el futbolista ha pagado ya 10 millones en dos declaraciones complementarias y, además, negocia con Hacienda el pago de 15 millones más como acuerdo para evitar el juicio por fraude, a mí me huele más a podrido que en las dinamarcas shakespearianas. Si tenemos en cuenta la impericia gestora de Messi, hemos de pensar que el ahorro fraudulento de los 4,1 millones de euros en impuestos lo idean los asesores financieros. Ahora bien, si ello es así, ¿cómo ha de entenderse que el futbolista siga confiando en ellos aún? Yo los hubiera despedido ipso facto. Por otro lado, cabe preguntarse, asimismo, sobre si Messi realmente estaba en la inopia o era parte confabulada en la orquestación del fraude, porque no entiendo qué beneficio pueden obtener unos asesores que ahorran a su cliente un dinero que el cliente ignora que haya sido ahorrado; y ello, sin considerar el altísimo riesgo que se corre al cometer un delito.

¿O es el padre?